A diferencia de muchos otros países, Alemania tiene una ley específica sobre invenciones laborales que estipula un procedimiento formalizado acerca de las invenciones laborales (Ley Alemana sobre Invenciones Laborales). Si el procedimiento se cumple, la titularidad de una invención de un empleado se transfiere al empleador que está autorizado a presentar una solicitud de patente o modelo de utilidad y puede explotar la invención. A cambio, el empleador tiene que compensar al empleado pagándole una remuneración adecuada. En caso de conflicto, se puede obtener una propuesta oficial de conciliación por parte del Órgano Arbitral de Invenciones Laborales de la OPM alemana. En la mayoría de los casos, las partes aceptan esta propuesta. Sólo unos pocos casos se litigian ante los juzgados de lo civil.

El 1 de octubre de 2009, entró en vigor un cambio importante en la Ley Alemana sobre Invenciones Laborales, referente a la transferencia de la titularidad de la invención del empleado al empleador. Antes del 1 de octubre de 2009, el empleado tenía que notificar de inmediato al empleador sobre una invención. El empleador tenía que reclamar formalmente la invención dentro de los cuatro meses siguientes a la notificación, de lo contrario el empleado quedaría como único titular de la invención. A partir del 1 de octubre de 2009, el empleado sigue estando obligado a notificar de inmediato al empleador sobre una invención. Sin embargo, si el empleador se mantiene pasivo, la titularidad de la invención se transfiere automáticamente al empleador tras expirar el plazo de cuatro meses.

La antigua ley sigue siendo efectiva para todas las invenciones laborales que fueron notificadas por el empleado al empleador antes del 1 de octubre de 2009. Sólo las invenciones notificadas por el empleado al empleador a partir del 1 de octubre de 2009 se tratan bajo la nueva ley, independientemente de su fecha de concepción. En resumen, el cambio reciente de la ley facilita el tratamiento de las invenciones laborales por parte del empleador y evita una pérdida injustificada de derechos del empleador.